Por explosiones de tanques de gas
Podrían ir a juicio ejecutivos y bomberos
José Otero
De La Prensa
Ejecutivos de la Refinería Panamá, de Panagas y funcionarios del Cuerpo de Bomberos (CBP) podrían ser llamados a juicio por atentar supuestamente contra la seguridad colectiva, tras las explosiones de tanques de gas licuado que causaron la muerte a una mujer china, según las investigaciones de la Fiscalía Superior Especial.
El proyecto de vista enviado ayer al procurador, José Antonio Sossa, sostiene que los laboratorios químicos de Refinería Panamá confirmaron desde el 2 de enero pasado que el contenido de los tanques de almacenamiento de gas licuado estaban contaminados con hidróxido de hidrógeno (soda cáustica), una sustancia corrosiva, pero a pesar de esto el producto fue vendido al público en su totalidad.
La Fiscalía Superior Especial que instruyó el caso en comisión, formuló cargos penales en octubre pasado contra el gerente y subgerente de Panagas S.A, Carlos Del Valle y Saúl Alvarado, respectivamente, al igual que contra el jefe de los laboratorios químicos de la Refinería Panamá, Carlos Guerra.
También fueron sindicados Eduardo González, jefe de la sección de gas del CBP, y Rodrigo Baruco, jefe de la Oficina de Seguridad del CBP.
Las investigaciones de la Fiscalía Superior concluyeron en que hubo cinco explosiones de tanques de 25 libras debido a la contaminación del producto.
Las dos primeras ocurrieron la mañana del 31 de diciembre de 1996 en Arraiján y La Chorrera. La tercera ocurrió la noche del mismo día en la planta de Panagas.
La cuarta se suscitó el 3 de enero de este año en Vista Hermosa y la última se dio un día después en una abarrotería en San Miguelito. Producto de esta última explosión murió la ciudadana china Pon Mei Keng.
Desde el 31 de diciembre de 1996 al 8 de enero de 1997, Refinería Panamá produjo y embasó 100 mil galones de gas licuado contaminado, que fueron vendidos en su totalidad por Panagas, según concluyeron estas investigaciones.
Asimismo, añade el informe de la fiscalía, se estableció que el 6 de enero pasado los laboratorios de Refinería Panamá realizaron otro examen al gas licuado almacenado y se comprobó que el producto estaba contaminado, pero a pesar de ello se vendió al público.
Parte de los cilindros contaminados fueron vendidos el 7 de enero a la abarrotería en San Miguelito, donde ocurrió la explosión.
Las empresas Refinería Panamá y Panagas son vistas legalmente como personas jurídicas, por lo tanto no tienen responsabilidad penal sino sólo civil.
La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá (UNCUREPA) presentó una demanda civil por 80 millones de dólares contra las empresas del grupo Panagas por los daños materiales causados a los consumidores.