| ARCHIVADO:09 Jul 2000 PAG: SECCION:eco NOTAS: PUB: AUTOR:CFREIR;08/07,15:02 El misterio de ‘Herr Goossens’ Un préstamo urgente, un alemán de pasaporte canadiense, un inversionista jamaicano... Es la trama que ha desembocado en la primera demanda por estafa contra Harris Rolando Rodríguez B. y Miren Gutiérrez negocios@prensa.com Marc Harris pasa del ataque a la defensa. Un cliente suyo, el jamaicano Danesh Balraam Maragh, lo demandó penalmente por estafa ante los tribunales panameños, tras haber invertido 290 mil dólares en La Firma de Marc Harris. Este podría ser el primer eslabón en una cadena de demandas contra Harris y su equipo de directivos, ya que varios clientes de la organización estudian la posibilidad de actuar judicialmente, en un intento de recobrar millones de dólares en fondos confiados al controvertido empresario y autoproclamado gurú del offshore. Balraam Maragh reclama a Harris y a cuatro de sus ejecutivos –Sam Gander, Kenneth Taylor, Alan McAloon y Christine Ledezma– la devolución íntegra de su dinero. Según su abogado, Brandon Cruz, el siguiente paso en este proceso –instruido en la Personería Segunda Municipal de Panamá– es la celebración de una audiencia preliminar, en la que se ha llamado a juicio a un único autor material –no intelectual– del supuesto delito de estafa: Kenneth Taylor, ejecutivo de La Firma de Harris a cargo de la cuenta de Balraam Maragh. El paquete de invitación Balraam Maragh, un abogado de 57 años de edad, navegaba por internet cuando tropezó con un anuncio de The Harris Organisation, allá por noviembre de 1998. ‘‘Les pedí que me enviaran algunos panfletos informativos –relató a La Prensa desde su casa en Kingston–. Me pidieron la dirección, la envié y recibí los prospectos por e–mail. Decían que los gobiernos nos quitan demasiada plata, y que la solución es mantenerla offshore. Eso es lo que lo hizo atractivo’’. El abogado, que deseaba sacar provecho a sus ahorros para retirase, hizo una pequeña investigación por internet de La Firma. ‘‘Averigüé que era una empresa líder de los negocios offshore... No sabía que Harris es un ladrón’’. Según la demanda, el primero en atenderlo fue Sam Gander –jefe de seguridad del grupo–, que, a su vez, lo remitió a Kenneth Taylor, quien –en palabras de Balraam Maragh– fue designado como su agente y representante ante La Organización Harris. El 4 de febrero de 1999, Balraam Maragh, su esposa e hija suscribieron por correo –por exigencia de La Firma– un acuerdo fiduciario de inversión como ‘‘requisito previo’’, para, según dijo el propio abogado jamaicano, ‘‘establecer las relaciones legales entre mi familia y La Organización Harris’’. ‘Jugosas ganancias’ Un mes después, Balraam Maragh envió –desde su banco, el Jamaica Money Market Brokers Ltd.– 30 mil dólares a La Firma, a través del mismo Taylor. De acuerdo con la acusación, La Organización Harris se comprometió a entregar al inversionista un interés mínimo del 15%. El 8 de marzo, Taylor acusó recibo de la suma, según la querella. A partir de ese momento, Balraam Maragh tendría la cuenta número 1111030013. Diez días después, el 18 de marzo de 1999, Taylor llamó desde Panamá a Balraam Maragh, a quien informó de ‘‘una excelente oportunidad para invertir’’, relata el abogado jamaicano. Para beneficiarse, lo único que tenía que hacer era enviar una nueva remesa de 290 mil dólares. Balraam Maragh no contaba con esa cantidad total, pero estaba interesado. Así que envió 30 mil dólares menos de lo solicitado. Le prometieron –asegura– 318 mil dólares en cuestión de un mes: una ganancia de 58 mil dólares en tan sólo 30 días. The Harris Organisation, vía fax, confirmó la promesa de pago en 30 días contados a partir de la recepción de los fondos (ver facsímil en la 46A). ¿Qué negocio podía ser tan bueno? ¿Acaso Harris iba a abrir una financiera? De algo parecido se trataba. Con el dinero de Balraam Maragh, la empresa de Harris pretendía pagar un ‘‘compromiso adquirido por Harold J.P. Goosens’’, dice la denuncia. El abogado jamaicano sería el prestatario. Sólo que no lo sabía. ¿Quién es Harold Goosens? La pregunta de los 290 mil dólares es: ¿qué vela tiene en este entierro un tal Harold J.P. Goosens, supuesto ciudadano canadiense de origen alemán? (ver facsímil del pasaporte). Según mencionó el propio Harris en una declaración jurada, Goosens vive en Panamá, cerca de Atlapa. Es más, podría ser su vecino, puesto que Harris reside en el área, en el edificio Las Marquesas. Sin saber de la existencia de Goosens, Balraam Maragh envió el 23 de marzo de 1999 la suma acordada a la ‘‘dirección y beneficiarios que el señor Kenneth Taylor le había indicado’’, dice la querella. Al día siguiente, Taylor cursó una solicitud de transferencia cablegráfica de 250 mil dólares, desde la cuenta de Third World Finance, S.A. (parte del grupo Harris) en la casa matriz del Banco Nacional de Panamá a la cuenta número 002-1-639976 de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, en Hong Kong. La cuenta pertenece a la Associated Marketing Corp. Ltd (ver facsímil). Brandon Cruz, el abogado de Balraam Maragh, dice desconocer el paradero de los 10 mil dólares que completan la suma total que desembolsó su cliente. En la solicitud de transferencia cursada por Kenneth Taylor –de La Firma de Marc Harris– aparece el número de la cuenta 1111030013, asignado a su cliente jamaicano Danesh Balraam Maragh. El documento exhibe las que se suponen son las firmas de Taylor, de Alan McAloon, como ‘‘jefe departamental’’, y de Christine Ledezma, como ‘‘verificadora de fondos’’. En el organigrama de la empresa de Harris, Taylor era uno de los agentes del Departamento de Ventas y Mercadeo; McAloon era el jefe de Servicios al Cliente y miembro del Comité Gerencial, mientras que Ledezma prestaba los servicios de backoffice (oficina de apoyo). Ninguno de los tres trabaja ya para La Firma. Como ocurre en el cuento de la lechera, pasaron los treinta días y Balraam Maragh no vio su plata (ni los intereses prometidos, que debían sumar 318 mil dólares). Fue entonces cuando, tras exigir su dinero por email y teléfono a Taylor, Gander, Perry Stakes (otro ex ejecutivo de La Firma) y McAloon, ‘‘me dijeron que estaban esperando que Goosens finalizara un negocio de petróleo, y entonces tendría mi dinero. Después, echaron a Taylor de La Organización’’. Antes de que tal cosa sucediera, Taylor dijo al abogado jamaicano que debía dirigir sus reclamos a Gossens, no a La Firma de Marc Harris. ‘‘Nunca conocí a Goosens personalmente; nunca le presté dinero –dice Balraam Maragh–. Sólo traté de ponerme en contacto con él después de que La Organización Harris me dijo que había invertido mi dinero en él... Le dieron mi teléfono y me llamó para decirme que pronto obtendría mi dinero de La Organización Harris, y que dejara de presionarlos’’. Finalmente, a través de la Embajada de Panamá en Kingston, obtuvo una lista de abogados, en la que encontró el nombre de la firma de Arosemena, Noriega & Contresras, que le refirió a Brandon Cruz. ‘‘Volé a Panamá el 21 de septiembre de 1999’’ con el objeto de organizar la demanda penal con Cruz. En una declaración jurada del 22 de marzo pasado, Marc Harris responsabilizó por completo a Taylor de las transacciones con Balraam Maragh, a pesar de que el ejecutivo siempre habla en nombre de La Firma. Asimismo, Harris aseguró que Taylor recibió órdenes del abogado jamaicano para transferir los fondos a Goosens. Harris, que también dijo desconocer el paradero de Taylor, entregó a las autoridades una supuesta declaración jurada y notariada de Taylor en la que su antiguo empleado se hacía responsable de todas las transacciones relacionadas Balraam Maragh. No obstante, el abogado jamaicano no se siente satisfecho con esas explicaciones. Según la querella, The Harris Organisation involucró a un tercero (el tal Gossens), ‘‘procurándose ambos un provecho ilícito afectando gravemente el patrimonio de nuestro cliente, en donde los querellados, por medio de su condición de administradores y a través del engaño, han obtenido ganancias de Danesh Balraam Maragh’’. En septiembre hará un año que Balraam Maragh viajó a Panamá en busca de su dinero. La Prensa envió un cuestionario a The Harrris Organisation para conocer su opinión sobre la demanda, pero sus representantes no respondieron. LA PRENSA/Archivo (Arriba) Detalle del pasaporte del misterioso Herr Goosens, supuestamente ciudadano canadiense domiciliado en Panamá. (Derecha) Marc Harris se limpia las manos en el caso del abogado jamaicano Danesh Balraam Maragh, cliente de su empresa que reclama más de 300 mil dólares. (Arriba) The Harris Organisation se compromete a pagar 318 mil dólares a Balraam Maragh. Firma Taylor. (Derecha) El abogado jamaicano hace la transferencia del dinero. El negocio del lavado Carolina Freire cfreire@prensa.com Aunque su carácter clandestino no permite determinar con exactitud el volumen total de los fondos ‘‘lavados’’ mundialmente, se calcula que entre 100 mil y 300 mil millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico son ‘‘lavados’’ cada año en el sistema financiero internacional. A través del blanqueo, los criminales esconden ganancias derivadas de la venta de narcóticos, la evasión tributaria, el terrorismo y el tráfico de armas, entre otros negocios ilícitos. Según muchos expertos, una legislación débil ha convertido Panamá en un paraíso para los criminales que desean enmascarar el origen de sus millones. De hecho, Panamá fue incluida dentro de la lista de ‘‘países que no cooperan contra el lavado de dinero’’ publicada por primera vez en mayo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), exponiéndose a que países miembros de la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo (OECD) –a la cual pertenece el GAFI– impongan represalias comerciales o se abstengan de negociar con bancos panameños. Además, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió una circular el viernes advirtiendo a las instituciones financieras estadounidenses con relación a las ‘‘supuestas deficiencias en el régimen para la prevención del lavado de dinero vigente en Panamá’’. Aunque la circular no contiene sanciones, el Gobierno panameño consideró la advertencia como un ‘‘inmerecido agravio’’. Pero ¿en qué consiste el lavado? Y ¿cuán vulnerable es Panamá? Vea LAVADO/49A Los ciclos del lavado El lavado de dinero se asemeja a un virus mutanteí, siempre por delante de las autoridades Carolina Freire cfreire@prensa.com El lavado de dinero disfraza activos financieros con el objetivo de que estos se utilicen sin que se detecte la actividad ilegal de la cual se derivaron, define la Unidad de Lucha contra Crímenes Financieros (FinCEN) –de la secretaría del Tesoro estadounidense–. El proceso por medio del cual se disfraza el origen del dinero tiene tres etapas que requieren, en primer lugar, distanciar los fondos (física o metafísicamente) del crimen, encubrir la trayectoria del dinero y, finalmente, devolver el dinero al criminal escondiendo su origen geográfico e ilícito (ver gráfica de la página 39A). Según Patricio Candanedo, fiscal segundo de drogas, el lavado de dinero se asemeja a un ‘‘virus mutante’’ porque los lavanderos siempre se las ingenian para encontrar formas nuevas de esconder sus ganancias. Sin embargo, por más que evolucionen y se compliquen, la mayoría de las estrategias de lavado de dinero tienen una estructura común. Una clásica operación de lavado combina dinero de origen legal e ilegal, y lo reporta como las ganancias de un ‘‘negocio pantalla’’ (shell corporation). Para distanciar el dinero de la actividad criminal que lo originó, este se puede expatriar a través del sistema bancario formal o físicamente, embarcándolo, en efectivo, al extranjero. Al mover el dinero por el sistema bancario formal, los lavadores adoptan precauciones adicionales, ya que cualquier depósito en efectivo puede atraer la atención de las autoridades. Según un informe de la oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen, para garantizar el cumplimiento del proceso, los criminales trabajan a través de un negocio ‘‘pantalla’’ que pueda brindar una explicación factible para el nivel de sus depósitos en efectivo y para el movimiento del dinero. Panamá en el ciclo Cuando el dinero ya está en el extranjero, el segundo paso en el ciclo del lavado es moverlo a través del sistema financiero internacional para esconder su origen. Pero un criminal no puede simplemente llegar a un banco suizo con un maletín lleno de billetes y abrir una cuenta cifrada sin despertar sospechas. Como el privilegio del ‘‘secreto bancario’’ puede ser suspendido en caso de una investigación criminal, el dinero ilícito es depositado en una empresa, y no precisamente a nombre de un individuo en una cuenta bancaria. A fin de esconder el dinero, el lavadoríí acude a una jurisdicción que le permita abrir una sociedad anónima instantáneamente. Las facilidades que brinda la legislación panameña para el establecimiento de sociedades anónimas sumadas a las ‘‘favorables’’ leyes que protegen el secreto bancario han convertido este país en uno de los destinos predilectos de los criminales, según el informe de las Naciones Unidas. De hecho, para adquirir una sociedad anónima no es necesario trasladarse a Panamá, ya que puede hacerse por correo, facsímil e, incluso, por correo electrónico. Además, que las acciones de las sociedades anónimas puedan hacerse al portador, permite hacer la tarea del ‘‘lavador’’ más fácil. El mundo offshoreí Otro de los atractivos de Panamá para los ‘‘lavadores’’ es la venta de empresas offshore. Estas empresas –según la definición de las Naciones Unidas– tienen licencia para realizar negocios solamente fuera del país de incorporación, son libres de impuestos o regulación y están protegidas por leyes de secreto corporativo. Una vez que está formada, se deposita el dinero a nombre de dicha empresa, mejor si es en una jurisdicción en la que la identidad del dueño está protegida por leyes de secreto corporativo. Según Juan Pablo Fábrega en su libro Sociedades anónimas panameñas actualmente existen en Panamá más de 350 mil sociedades anónimas inscritas y activas, ‘‘cuyos dueños o beneficiarios, en su inmensa mayoría, son personas extranjeras no residentes en Panamá y que no realizan operaciones comerciales en nuestro país’’. Regreso a casa Una vez que los fondos se han movido por el sistema financiero internacional lo suficiente para que el origen del dinero sea imposible de determinar, el dinero vuelve a las manos de los criminales. Aunque existe una variedad de técnicas para repatriar las ganancias, la solución más nítida es devolver el dinero al país de origen en la forma de un ‘‘préstamo’’. El criminal se las ingenia para que el dinero en su cuenta offshore le sea ‘‘prestado’’ a su entidad on–shore. Cuando se otorga el préstamo, el prestamista puede pagarse la deuda a sí mismo, que es, por ejemplo, lo que hizo el narcotraficante convicto James Somerville con las empresas que, para él, creó el grupo The Harris Organisation. LASERFOTO/AP Javier Casella Panamá no ha penalizado el lavado de dinero obtenido mediante delitos ajenos al narcotráfico, como el fraude, el tráfico de armas, la evasión tributaria o el tráfico de órganos. En la fotografía, una operación antidroga en Colombia confiscó 3 mil libras de cocaína. Contra el lavado Los múltiples acuerdos contra el blanqueo de dinero son prueba de que existe un mayor compromiso mundial con la lucha contra el crimen organizado. Algunas de las organizaciones dedicadas al combate del lavado son: Unidad de Lucha contra Crímenes Financieros (FinCEN) En abril de 1990 el departamento del Tesoro estadounidense creó esta organización con el propósito de fiscalizar e implementar políticas para prevenir y detectar el lavado de dinero. La institución exige registros bancarios a las instituciones financieras con el fin de que los investigadores puedan seguir las huellas de los criminales y sus activos. El FinCEN también brinda apoyo analítico a las autoridades. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Integrado por los 26 países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD), la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, desde que fue creado en 1989, el GAFI se ha dedicado a desarrollar controles contra el lavado entre sus miembros y en el mundo. Este año el GAFI inauguró una ‘‘lista negra’’ de ‘‘países que no cooperan contra el lavado de dinero’’, en la cual está incluida Panamá. La lista establece 25 criterios –que abarcan desde la legislación hasta las trabas puestas por la administración y la justicia– para determinar si un Estado coopera o no en la lucha contra el blanqueo. Unidades de Inteligencia Financiera Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) son agencias gubernamentales especializadas en detectar el abuso criminal de los sistemas financieros y asegurar el cumplimiento con las leyes nacionales contra el lavado. Hasta 1997, 28 países y territorios tenían UIF, siendo Panamá uno de ellos con el establecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 1995, actualmente dirigida por Dalis Terán. Grupo Egmont Los países que han establecido UIF se conocen colectivamente como el Grupo Egmont. El grupo tuvo su primera reunión en Bruselas en junio de 1995, durante la cual los miembros acordaron que la constante comunicación entre las UIF es crucial en el cumplimiento de sus objetivos comunes. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD) Establecida en 1986, CICAD une a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la lucha contra el problema de la producción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas. A Lesoto, pasando por Panamá Dos sociedades panameñas están relacionadas en uno de los escándalos más importantes de soborno Miren Gutiérrez mgutierr@prensa.com La intrincada trama de sobornos destapada por una de las investigaciones más importantes del pequeño reino de Lesoto pasa por tierras panameñas e incluye a varias de las mayores constructoras de embalses del mundo en un proyecto de mil 600 millones de dólares. Según la última edición del boletín The Panama News, la conexión panameña en esta trama ‘‘sirve de oportuna ilustración de las razones por las que el resto del mundo se opone a la estrecha definición de lavado de dinero en este país’’. Documentos bancarios obtenidos por las autoridades suizas en la investigación muestran que las empresas francesas Sogreah y Spie Batignolles, y la angloitaliana Highlands Water Venture –del consorcio británico Kier International Ltd.– pagaron más de 1.2 millones de dólares a una cuenta de Universal Development; posteriormente, esa suma fue transferida a Electro Power Corp. Tanto Universal Development Corp. como Electro Power Corp. estaban registradas en Panamá, y se sospecha que podrían haber servido para canalizar los fondos ilegales. Sobornos millonarios El escándalo saltó a las páginas de los diarios el mes pasado cuando se destapó que unos 19 consorcios internacionales habían pagado ‘‘coimas’’ a un funcionario de Lesoto (reino del Africa austral) a cambio de contratos de construcción, y que estas serían llevadas ante los tribunales junto con dicho funcionario. Se trata –informaba la prensa local en Lesoto– del mayor caso de soborno efectuado por empresas extranjeras en un proyecto que suministraría agua a la surafricana Transvaal y a Lesoto, en el que han sido involucradas empresas de construcción británicas, francesas, alemanas y suecas. Además de las dos panameñas, las francesas y la angloitaliana, otras firmas involucradas son Impreglio SpA, de Italia; Ed Zublin AG., Asea Brown Boverl Schaltanlagen GmbH y Lahmeyer International GmbH, de Alemania; Asea Brown Boverl Generation AG, de Suecia; Acres International Ltd. de Canadá; Dumez International, Coyne et Bellier y Cegelec, una sociedad de CGEE-Alstom y General Electric, de Francia, y Sir Alexander Gibb & Partners, de Gran Bretaña. Algunas firmas han declarado que no son culpables de soborno y que las citaciones para el juicio no fueron servidas debidamente. Si las acusaciones son ciertas, las empresas podrían entrar en una ‘‘lista negra’’ que les impida optar a proyectos financiados por el Banco Mundial (BM), que financiaba parcialmente el proyecto con 150 millones de dólares. Asimismo, Masupha Ephraim Sole, presidente de la Autoridad para el Desarrollo de la Meseta de Lesoto, está acusado de 16 cargos, incluido el de aceptar sobornos que podrían ascender a unos 1.25 millones de dólares, de acuerdo con The Panama News. Algunos de los pagos fueron canalizados a través de sociedades de gaveta para esconder sus orígenes. Las panameñas Universal Development Corp., cuyo agente residente fue el bufete Morgan & Morgan y sus directivos Pablo Javier Espino, Adelina M. de Estribí y Aida May Biggs, se disolvió el 2 de septiembre de 1998. Fue creada en diciembre de 1981 con el objeto de dedicarse a la importación y exportación, compra-venta, comercio de acciones o cuotas de capital social y, en general, cualquier operación comercial, industrial, financiera inmobiliaria o mobiliaria, como consta en el Registro Público de Panamá. Por su lado, Electro Power Corporation, con los mismos directivos y agente residente, se creó en octubre de 1989 y se disolvió el mismo 2 de septiembre de 1998. Sus objetivos eran vender, traspasar, negociar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar dinero en préstamo, dar o tomar en préstamo hipotecas, arrendamientos, uso, usufructo o anticresis de bienes muebles o inmuebles, acciones o derechos, de acuerdo con el Registro Público. Según The Panama News, el francés Max Cohen operaba ambas compañías. Cohen consta en la acusación junto con dichas empresas. Cohen está, según el boletín, en paradero desconocido. ‘‘Después de no comparecer en una reciente citación judicial, las autoridades de Lesoto pidieron a la Interpol que lo localizara a fin de que pueda ser extraditado y presentarse ante la corte’’, dice el boletín panameño. Lesoto –según fuentes diplomáticas, un nido de corrupción– aprobó una nueva legislación anticorrupción el año pasado, dice otra información de Reuters. El gobierno de Maseru está tratando de atraer inversión extranjera después de haber sufrido un levantamiento militar en 1998. La revuelta fue sofocada por tropas surafricanas y de Botswana, que, sin embargo, no pudieron evitar que la capital fuera destruida. Con un restraso de siete meses empieza venta de casas en Clayton Carolina Freire cfreire@prensa.com Con un restraso de siete meses, la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) llevará a cabo este mes los actos públicos para vender las 20 primeras casas de las mil 66 disponibles en la antigua base militar de Clayton. Los actos públicos –programados el próximo 13, 14, 18 y 19 de julio– se realizarán con mucho restraso, lo que ha causado malestar entre las 13 empresas de bienes raíces autorizadas para vender en Clayton. Según Alfredo Arias, director de la ARI, el atraso tiene su justificación. Antes de la venta de una vivienda, la ARI debe emitir el ‘‘precio base refrendado’’ de cada propiedad, que es un promedio derivado de los avalúos hechos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República. Y el 30 de noviembre pasado, los avalúos no estaban listos. Además, es necesario hacer un inventario en los terrenos de las casas para ubicar las facilidades de electricidad y agua potable subterráneas. Roberto Domínguez, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), asegura que el atraso en la venta de las casas ‘‘le ha ocasionado un grave daño al país’’. Según Domínguez, entre el 30 de noviembre de 1999 (fecha en que revirtió Clayton y debieron darse los primeros actos públicos) y el 22 de marzo del 2000, el Gobierno ha gastado 1 millón 127 mil dólares en el mantenimiento de las propiedades de Clayton. Las primeras casas que serán puestas a la venta rondan los 219 metros cuadrados y un área de terreno de entre 309 y 628 metros cuadrados. LA PRENSA/Bernardino Freire Veinte de las mil 66 casas disponibles en Clayton se llevarán a acto público la próxima semana. |