| ARCHIVADO:04 Ago 2000 PAG: SECCION:eco NOTAS:jorgemga PUB: AUTOR:WI;02/08,16:35 ¿Todavía a tiempo? Miren Gutiérrez mgutierr@prensa.com Algunos de los gobiernos de los centros financieros of fshore del mundo han dado el paso sin precedentes de cambiar sus sistemas de regulación financiera con el objeto de no figurar en las ‘‘listas negras’’ internacionales como promotores del lavado de dinero. El catalizador de semejante decisión fue un documento del 8 de julio emitido por Hacienda estadounidense que incluía quince países contenidos en una lista elaborada por el Grupo de Acción Financiera para el Blanqueo de Capitales (GAFI). Panamá, como se sabe, era uno de ellos. La reacción fue rápida en algunas jurisdicciones: en St. Vincent se les quitó la licencia a seis bancos offsho re; en las Islas Cayman se aprobaron cuatro leyes al respecto, sólo seis días después de que el documento hubiera sido divulgado; en las Bahamas, el Gobierno anunció varios cambios legislativos importantes a fin de recuperar el respeto de la comunidad internacional. En Panamá, la noticia fue inicialmente tachada de ‘‘injusta’’ y de un ‘‘irrespeto’’ al país. De acuerdo con Peter Miller, de Bladex, la reacción fue tal vez demasiado ‘‘emocional’’. Sin embargo, recientemente, la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, anunció que se está estudiando algún cambio en la ley. Pero ¿qué está mal con Panamá? He aquí algunos de los comentarios de la unidad de lucha contra crímenes financieros (Financial Crimes En forcement Network o FinCen) acerca de Panamá, recogidos en la última edición del boletín financiero Offshore Alert (www.offshorebusiness.com): La proximidad de Panamá al mayor productor de cocaína de mundo, en combinación con su desarrollado sector bancario internacional, el Canal y la Zona Libre hacen el país especialmente vulnerable al lavado y a los manejos de narcotráfico y otros crímenes... Además, los mecanismos del lavado de dinero, como el llamado ‘‘mercado negro del peso (colombiano)’’, se han desarrollado en un intento de aprovecharse ilegalmente de la Zona Libre de Colón. El régimen de lucha contra el blanqueo -los sistemas regulador, supervisor y legal- en Panamá adolece de serios problemas. * El lavado es un crimen en Panamá sólo si está ligado con narcotráfico. * El procedimiento en Panamá para informar de una transacción sospechosa es de efectividad limitada; cualquier informe de actividad sospechosa debe ser enviado a la Presidencia antes de que sea emitido para una investigación del procurador. * La Unidad de Análisis Financiero (UAF) no puede compartir información con unidades similares presentes en otros países. Las autoridades panameñas han dado señales de que reconocen la necesidad de corregir las deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado. El Gobierno ha anunciado su intención e expandir el alcance de las criminalización del blanqueo en la ley y explorar cómo puede reforzar su colaboración permitiendo que su unidad de inteligencia financiera pueda compartir información. Sin embargo, Offshore Alert cataloga Panamá como, ‘‘de lejos, la jurisdicción más corrupta de la región, incluso más que Granada’’. ‘‘Al evaluar la credibilidad de Panamá, uno no tiene que ir más lejos que el grupo de servicios financieros The Harris Organization como caso de estudio. The Harris Organization opera bancos, aseguradoras y una empresa fiduciaria, y ofrece acciones y gestión de capital -incluyendo fondos mutuos de la propia compañía- y otros servicios financieros, todo sin una sola licencia profesional’’. ‘‘Además -continúa-, cuatro agencias policiales han requerido asistencia para investigar The Harris Orga nization durante los últimos años, y todos estos esfuerzos han sido ahogados por la aparente protección brindada a Harris por el procurador’’. A pesar de que muchos clientes estadounidenses han contratado a abogados en Panamá para tratar de sacar su dinero de la empresa -dice-, no se ha interpuesto ninguna demanda civil por el momento, ‘‘y se nos ha informado de que las firmas de abogados están preocupadas por la posibilidad de molestar al procurador’’. El boletín termina la nota citando a un banquero europeo, a quien un Presidente panameño (que no menciona) pidió un millón de dólares a cambio de una licencia bancaria. ‘‘Tanto si es cierto como si no, por supuesto, está abierto a conjeturas. Pero el hecho de que esa acusación no suene particularmente fantasiosa, dado lo que sabemos sobre esa jurisdicción, realmente lo dice todo’’. Las empresas de Harris demandaron a Offshore Alert en 1998 por difamación, después de que el boletín publicara, entre otras cosas, que The Harris Organization tenía serios problemas financieros. El 10 de agosto de 1999, el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Michael Moore, falló a favor de David Marchant, el editor del boletín financiero. En un veredicto de 16 folios, el juez llegó a la conclusión de que las finanzas de THO estaban en completa desorganización; que Harris y sus asociados habían sido implicados en actividades fraudulentas; que la empresa de Harris promocionaba instrumentos que podrían ser interpretados como vehículos para la evasión fiscal, y que Harris y sus asociados nunca presentaron pruebas de sus acusaciones. Harris sigue operando en Panamá. |