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LA PRENSA/Bernardino Freire
En la gráfica principal, la Infantería de Marina vigila las calles de un Juradó desierto. En la fotografía superior, Elayne Palacios, prima del alcalde asesinado Henry Antonio Perea, coloca flores en el sitio en que fue asesinado por las FARC. A la derecha, el afiche electoral de Perea durante las pasadas elecciones.

El contagio de una guerra
El miedo y la inseguridad obligan a los pobladores de Juradó a huir a Panamá porque saben que una vez el Ejército se vaya, los guerrilleros volverán al pueblo

Nayra Delgado
ndelgado@prensa.com
Capitalino Rivas, un colombiano de 38 años de edad y ex escolta del asesinado alcalde Henry Perea, está viviendo hoy en Jaqué y asegura que no volverá a Juradó.
“Fuimos a llamar por teléfono y cuando llegamos al Ayuntamiento estaba rodeado por más de 20 guerrilleros”, dijo un resignado Rivas.
De acuerdo con su relato, insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entraron al Ayuntamiento y obligaron a los funcionarios a tirarse al suelo “a punta de AK” (fusiles de asalto).
Mientras tanto, otros dos asaltantes, pistola en mano, arrastraron al alcalde desde su oficina, a plena luz del día y le dispararon dos tiros en la cabeza en la plaza pública. Según fuentes bien informadas, uno de los autores del crimen había estado refugiado en Jaqué tras el asalto de 1999.
“Se abrieron nada más matar al licenciado, pero en menos de 10 minutos ya habían vuelto y me buscaban”, explicó Rivas.
“Yo me tiré al río y corrí al monte donde esperé a que fletaran una lancha para ir a Panamá”, añadió.
Al día siguiente, y según Elayne Palacios, prima del alcalde y todavía residente en Juradó, “los guerrilleros nos reunieron a todos los del pueblo para contarnos que Perea había sido asesinado por colaborar con los paramilitares”.
Pero “él era neutral, solo quería trabajar por su pueblo”, afirmó la madre del hijo del difunto alcalde, una panameña residente en Jaqué.
La historia se repite
La muerte del alcalde más joven del país ocurrió días después de que el líder indígena Armando Achito fuera asesinado de ocho tiros en la cabeza, en su propia casa de Juradó, aparentemente a manos de guerrilleros “disfrazados” de paramilitares.
Ahora, después de la tormenta, el Ejército colombiano ha vuelto al pueblo. Pero ya es tarde y los lugareños tienen miedo.
“La mayoría de la gente se desplazó (…) y los que estamos aquí nos quedaremos hasta que la Fuerza Pública se vaya”, afirmó Vilma, otra residente de Juradó.
“El pueblo ha colaborado con la Infantería de Marina y ahora estamos en la mira de la guerrilla”, añadió.
Según Capitalino Rivas, la guerrilla entraba y salía del pueblo a voluntad en los períodos en que los militares colombianos abandonaban el lugar.
Rivas asegura que reunían al pueblo y les decían que no tenían por qué temerles, que mejor temieran a los paramilitares.
Sin embargo, Elayne asegura que no quiere dejar Juradó. “Si no me queda otro remedio tendré que huir a Panamá o a otra de las lejanas provincias colombianas”, tal y como lo han hecho sus familiares.
Juradó, corregimiento de la remota localidad colombiana de Chocó, “es el principio y el fin de Colombia (…) El país nos tiene abandonados”, se lamenta el juradense Alberto, explicando que mientras las demás fronteras no están tan abandonadas, ésta carece de importancia estratégica porque “Panamá no tiene ejército”.
En la actualidad, no menos de una treintena de militares vigila el pueblo “y nos quedaremos aquí mientras haya gente”, dijo un alto mando del Ejército colombiano tan joven como todos sus subalternos.
No obstante, tanto la infantería como los pobladores de Juradó saben que la guerrilla, escondida en el monte a poca distancia del pueblo, está al acecho.
En Colombia, no solo han desaparecido por completo varios corregimientos, sino que la zona desmilitarizada y gobernada por grupos insurgentes asciende ya a 48 mil kilómetros cuadrados. En el mundo hay 144 países con menos extensión.
Según estimaciones oficiales, alrededor de un millón 900 mil colombianos han huido del conflicto interno desde 1985, de los cuales cerca de 39 mil escaparon a Ecuador, Venezuela y Panamá.
Bajo diferentes nombres y distintas intensidades, la guerra civil colombiana tiene más de 40 años. De hecho, el líder de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, tiene más de 45 años de estar combatiendo en las montañas.
Los jaquenses exigen seguridad
Los primeros 110 residentes de la ciudad colombiana huyeron unos 80 kilómetros a través de la frontera panameña hasta Jaqué, una comunidad al sudeste de Darién, después que su alcalde, Henry Perea Torres, fuera asesinado por la guerrilla el pasado 18 de enero.
Esta es la segunda oleada de refugiados que llega a Jaqué, en algo más de un año, en busca de paz.
Unos 535 residentes de Juradó huyeron hacia Darién en diciembre de 1999, después que una columna de rebeldes de las FARC destruyera el puesto de infantería de la población, en un asalto que mató a 24 infantes de marina, un policía y un civil.
Cuando la situación en Juradó quedó bajo el control del Ejército colombiano, unas 251 personas fueron repatriadas voluntariamente por la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). La mayoría de ellas ahora ha vuelto a Jaqué.
“Los desplazados colombianos han estado llegando nuevamente a Panamá desde el pasado 18 de enero, empujados por el miedo y la inseguridad en su propia comunidad”, dijo José Serracín, director de ONPAR.
Según Laurence Hengl, oficial de programas de ACNUR, “la situación está bajo control”.
Tanto Carmen, una colombiana recién llegada, como la mayoría de los desplazados que llegaron en la última oleada, aseguran que no les falta nada y que, a pesar de querer volver a su pueblo natal, la situación allá es incontrolable.
De acuerdo con estimaciones de ONPAR, en la actualidad hay unos 500 desplazados colombianos residentes en Jaqué, 172 en Puerto Obaldía y 235 en el Tuira.
Y aunque, según los moradores del pueblo la cifra es mucho más alta, ONPAR hará público un censo actualizado de los desplazados el próximo mes, anunció ACNUR.
Inseguridad generalizada
“En el 99 había más tensión, ahora es más un problema de inseguridad generalizada, un rumor inconsciente”, dijo a La Prensa la representante de ACNUR.
No obstante, según varios residentes de la zona, además de hurtos y otras anomalías, se han observado carteles en las playas con amenazas contra el representante de corregimiento, Simón Perea, con la leyenda HR (Honorable Representante), Las FARC.
Tanto los jaquenses como los refugiados colombianos tienen “miedo hasta de hablar”, dijo Héctor, un morador del pueblo.
“Necesitamos más unidades de policías porque las que hay son insuficientes”, añadió.
Por razones de seguridad, nadie sabe el número exacto de policías fronterizos destacados en Jaqué, no obstante, los jaquenses afirman que hay “sapos” –informantes de la guerrilla colombiana– en la zona, “sobre todo en la cabecera de los ríos”, dice un lugareño.
“Si llega el Plan Colombia a Juradó, tendremos bastante infiltramiento de guerrilleros en busca de albergue”, explica un poblador de la zona y ex militar de las extintas Fuerzas de Defensa panameñas.
En Jaqué se respira la desconfianza e inseguridad generalizada. A pesar de que la mayoría de los desplazados colombianos que habitan en la comunidad viven con familiares, los jaquenses se quejan de que “no sabemos ni quiénes son ni dónde están…pueden ser cualquiera”.
Jaqué es un pequeño pueblo de unos 2 mil habitantes. Con la llegada de los refugiados colombianos la población ha aumentado, de repente, casi un tercio y hay quien asegura que hay aún más esparcidos a lo largo de la costa.
“Nosotros estamos dispuestos a pagar por ellos, pero no sabemos si llegarán más, y ahora, jaquenses y desplazados están luchando por las mismas cosas”, dice la representante de ACNUR.