Quienes usaron combustible del SAN, tienen que pagar
El contralor, Alvin Weeden, dice que los infractores deberán afrontar una serie de sanciones
JAHIRO POLO
japolo@prensa.com
El contralor general de la República, Alvin Weeden, advirtió ayer que aquellas personas o empresas que en los últimos cinco años han utilizado el combustible para helicópteros del Servicio Aéreo Nacional (SAN) en beneficio personal, deberán pagar el costo del combustible utilizado y afrontar una serie de sanciones por beneficiarse con el uso ilegal de bienes del Estado.
El contralor dio órdenes en la mañana de ayer lunes al director de auditoría de la Contraloría, para que el áudito que se realiza desde hace una semana en el SAN -a raíz de una serie de denuncias sobre irregularidades en el uso de combustible para aeronaves desde finales de 1999- sea retroactivo a los últimos cinco años, o sea, hasta la administración del SAN bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
“Esta auditoría servirá para deslindar responsabilidades, y si ha habido algo malo, quien se haya aprovechado ilícitamente de los bienes del Estado deberá responder por ello, exigiéndosele la devolución [o pago del costo del combustible utilizado]”, señaló el contralor.
La Contraloría intervino el SAN a raíz de la publicación en la prensa local de una nota emitida por Gisela Moscoso de Palermo (prima y secretaria privada de la presidenta de la República, Mireya Moscoso) al director del SAN, Máximo Carrizo, solicitándole una autorización para el expendio de combustible de esta institución en favor del helicóptero HP 1430.
Este helicóptero acuatizó y se hundió hace tres semanas frente a las costas de Río Hato tras quedarse sin combustible, mientras transportaba a cuatro personas (entre ellas a la propia Gisela Moscoso de Palermo) desde la casa presidencial de Punta Mala hasta el aeropuerto de Albrook. Después de este incidente, tanto la presidenta como varios miembros de su gobierno han negado toda vinculación con el HP 1430.
Procuraduría tiene la última palabra sobre cupos de taxi
Por otra parte, Weeden informó que la Contraloría ya ha entregado al Ministerio Público el informe de auditoría realizado en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a raíz de una serie de acusaciones de corrupción contra el ex director de dicha entidad, Carlos Harris.
Ajustes presupuestarios se anunciarán en 30 días
Finalmente, el contralor anunció que, a más tardar en 30 días, la Contraloría deberá concretar el programa de ajustes presupuestarios.
“Nosotros consideramos que a medida que se va ejecutando el presupuesto general del Estado se va viendo la relación entre los ingresos y los gastos en los que se incurre, y así veremos dónde vamos 'apretando' y economizando”, explicó Weeden, aclarando que “la idea tampoco es la de disminuir los gastos del Estado al mínimo, porque eso podría ser un factor que podría afectar la actividad comercial del país”.
El funcionario dijo que este plan de racionamiento del gasto público se está elaborando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y que entre los renglones a ser sometidos a un mayor control fiscal están las llamadas telefónicas, el uso de celulares, el uso de vehículos oficiales, la compra de combustible y piezas de repuesto, y los viajes oficiales al extranjero.
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