Confirman anomalías en licitación
GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que en la licitación adjudicada a Omega Security para los servicios de vigilancia en las instalaciones del Ministerio de Educación y de Canal 11 se cometieron irregularidades, pero la empresa sigue dando el servicio.
El Ministerio de Educación explicó que a raíz de la anulación de la licitación, se contrató temporalmente a Omega Security S.A., hasta que se pueda volver a realizar otro acto público para adjudicar ese servicio.
Edgardo Arias, director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Educación, justificó esta decisión porque “esas instalaciones no pueden quedar desprovistas de seguridad”.
En una nota dirigida a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, fechada el 31 de mayo del 2001, y a la que tuvo acceso La Prensa, el director de Contrataciones Públicas del MEF, Roberto Ruiz Díaz, precisó que un análisis “minucioso” del acto público comprobó algunas anomalías.
Precisó que “los comisionados nombrados para revisar las propuestas, calificaron de manera subjetiva las ofertas recibidas, toda vez que el pliego de cargos es claro cuando señala que debían cumplir en tiempo oportuno con el pago de las cuotas obrero patronales”.
Sin embargo, añadió el funcionario, no se exigió la presentación de un certificado de paz y salvo de la Caja de Seguro Social. Asimismo, a pesar de que se estableció que se debería proveer de un adecuado seguro de vida para los trabajadores y seguros sobre daños a terceros, no se fijó que era necesario presentar copia de la póliza.
Otra de las irregularidades detectadas, manifestó Ruiz, es que a pesar de que en el pliego se exigía proveer de un adecuado seguro que cubriera al Ministerio de Educación por pérdidas y posibles daños causados por negligencia de su personal en el área de trabajo durante su turno, Omega Security no suministró ese documento y este no se tomó en cuenta para calificar las propuestas.
El director de Contrataciones Públicas de Economía y Finanzas señaló que los términos y expresiones contenidas en los pliegos de cargos deben ser interpretados en ese sentido, “con el afán de salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular en todo sistema de contratación pública”.
Por esa razón, dijo que considera “atinada y correcta la decisión de anular el acto público, por lo que las observaciones vertidas por esta dirección son con el claro objetivo de que se realice un nuevo acto público”.
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